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Feminismo y Discapacidad

Escrito el 27 de Junio de 2018 en Cartas del Director.

“…violencia física y sexual, así como el ejercer los derechos
reproductivos, son temas que probablemente no hemos dimensionado,
pero que sabemos afectan directamente a las mujeres y adolescentes con
discapacidad…”

Sin duda la agenda de reivindicación de los derechos de la mujer hoy se ha tomado la agenda política y la discusión en los medios de comunicación. Sin embargo, poco se ha dicho de las mujeres que están en condiciones de vulneración de sus derechos o en riesgo de ello por ser parte de colectivos sociales específicos; las personas con discapacidad y sus familias han sido identificadas como grupos de riesgo de pobreza y exclusión social tradicionalmente, pero pocas veces ponemos énfasis en las desigualdades en materia de discapacidad y el respeto a los derechos de la mujer con
discapacidad.

La Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad hace especial énfasis entre la igualdad entre el hombre y la mujer dentro de sus principios orientadores y por tanto, debiéramos tener entonces un enfoque de género importante en las políticas públicas a fin de abordar las necesidad de hombre y mujeres en esta materia que respondan a estos principios orientadores.

En nuestro país, las mujeres alcanzan una prevalencia de discapacidad del 20,3% en población de mayores de 2 años, mientras que en los hombres llega a un 12,9% (ENDISC 2015). Esta diferencia se aprecia desde la adolescencia en adelante, donde progresivamente la brecha se incrementa en la medida que avanzamos en el grupo etario, representando en población mayor de 18 años un 24,9% y un 14,8% en mujeres y hombres respectivamente. Además, la severidad de la discapacidad es mayor en la mujer, presentando un 10,6% de compromiso severo frente a un 5,9% de los hombres.

En participación laboral también encontramos brechas importantes, donde la participación laboral alcanza un 37,2% versus un 53,1% entre mujeres y hombres con discapacidad respectivamente.

También la brecha se refleja al comparar en la ENDISC la tasa de participación de mujeres con discapacidad y mujeres sin discapacidad, evidenciando un 55,3% de participación de estas últimas, superior en 18,1 puntos porcentuales respecto a las mujeres con discapacidad.

El acceso a la educación es sin duda un aspecto muy importante para avanzar en acortar brechas para la inclusión de las personas con discapacidad y en este  sentido el promedio de años de estudio en la población general alcanza a 11,6 años, mientras que en las personas con discapacidad llega a 8,6 años y la diferencia entre hombres y mujeres con discapacidad es de 9,1 años versus 8,3.

Estos son algunos de los datos cuantitativos respecto a mujeres y discapacidad, lo cual reflejan brechas importantes a considerar, pero también reflejan la necesidad de conocer más sobre la doble discriminación de la mujer con discapacidad en nuestra sociedad. En este sentido la exposición a la
violencia física y sexual, así como el ejercer los derechos reproductivos, son temas que probablemente no hemos dimensionado, pero que sabemos afectan directamente a las mujeres y adolescentes con discapacidad. Es así que países como Chile, como parte de los Estados miembro de la ONU, declaran en el Artículo 6° de la Convención que “las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptaran medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

En España como en otros países de la Unión Europea, se barajan cifras en las que en torno al 40% de las mujeres sufren violencia física. Por otro lado, según el Informe del Parlamento Europeo del 2004, sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios, casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual.

En nuestro país un ejemplo de la vulneración a la cual están expuestas las mujeres con discapacidad tiene relación con la reciente indicación del MINSAL respecto a la “Esterilización Forzada” la cual a pesar de la existencia de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como por ejemplo la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), es una práctica presente en los sistemas de salud chilenos, en especial en mujeres con discapacidad intelectual.

Finalmente quisiera llamar a la reflexión de cómo las mujeres con discapacidad siguen siendo marginadas e invisibilizadas en nuestro país, donde incluso los movimientos reivindicativos de los derechos de la mujer las tienen ausentes de la agenda y donde me parece sus necesidades y demandas debieran ser también levantadas, para que sean parte de las Políticas Públicas necesarias
para restablecer el ejercicio de sus derechos en forma plena y en igualdad de condiciones como lo señala la Convención.

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