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Ética, Derechos, Ley e Inclusión

Escrito el 10 de Agosto de 2018 en Cartas del Director.

“Esto pasa todos los días en el transporte público de Transantiago, donde los buses adaptados no tienen operativas sus rampas o cuando las personas no pueden acceder a información relevante en televisión por ausencia de medios de acceso a la información para personas sordas”

En las últimas semanas hemos sabido de algunos ciudadanos que en el contexto de la ley Zamudio han ganado demandas en los tribunales por discriminación en distintas causas asociadas a discapacidad. De hecho hoy, el principal motivo de presentación de demandas en el contexto de dicha ley es el motivo asociado a discriminación de personas con discapacidad, representando el año 2016 el 43% de ellas y este año, según la información publicada en el Diario La Tercera, es la principal causa de los fallos emitidos por los tribunales en este tipo de causas representando el 27% de los fallos.

Quizás la más mediática en los últimos días es la denuncia presentada en contra del Metro por la falta de accesibilidad en una de sus estaciones que impidió la oportuna evacuación de una persona que se trasladaba en silla, producto que el salvaescalera estaba fuera de operación. La respuesta de uno de los ejecutivos de la empresa guardaba relación con que en la fecha de presentación de la demanda, la Ley no obligaba a las empresas a tener condiciones de accesibilidad universal.

Sin duda para las personas con discapacidad y sus familias, así como para las organizaciones que trabajamos con ellos, esta respuesta es muy frecuente como otras que pretenden finalmente explicar la negación de un derecho de las personas de poder trasladarse y hacer uso de los servicios públicos y privados en igualdad de condiciones al igual que el resto de los ciudadanos.

Esto pasa todos los días en el transporte público de Transantiago, donde los buses adaptados no tienen operativas sus rampas o cuando las personas no pueden acceder a información relevante en televisión por ausencia de medios de acceso a la información para personas sordas. Creo entonces, que debemos hacernos la pregunta como sociedad, a 10 años de la ratificación en nuestro país de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, si la ley es un argumento que pueda estar por sobre la ética o los valores que como sociedad queremos construir, para justificar que sigamos postergando el ejercicio de derecho de algunos de nuestros ciudadanos.

Como lo he manifestado en otras columnas creo que la ley puede impulsar cambios conductuales en la sociedad como ha ocurrido en las empresas con la ley de inclusión laboral, sin embargo me parece que las mismas leyes que establecen plazos o cuotas no pueden ser éticamente hablando un argumento para justificarse cuando conscientemente sabemos que debemos reparar una situación y no lo hacemos escudándonos en dichos plazos, teniendo los medios para generar el cambio necesario. Es como si en unos meses más, las empresas comenzaran a negar la contratación a personas con discapacidad porque ya ha cumplido con su cuota del 1 %.

Así mismo parece que tendremos que seguir esperando para que los establecimiento educacionales no nieguen el acceso a un niño con discapacidad al colegio porque no tienen los medios; parece ser que hasta que la ley lo establezca claramente, sus Directores comprenderán que este es un derecho que no puede negarse al niño y por tanto deben gestionar las condiciones para la inclusión de este alumno. Parece entonces que nuestro país debe avanzar a una sociedad que culturalmente respete los derechos de las personas y no anteponga las leyes o sus vacíos para justificar inculcarlos.

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